Pisos sociales si la administración comunal ayuda

APIA – La assosiación de promotores inmobiliarios de Andorra proponen construir vivienda a precio reducido en el terreno que reciben las corporaciones en concepto de cesión urbanística

La Ley del suelo ya lo prevé. El porcentaje de cesión obligatoria que se debe dar a las administraciones comunales también puede servir por construir vivienda. Y los promotores proponen aprovecharlo por hacer pisos a bajo coste. De alquiler o de compra. Esta es la iniciativa que el presidente de la Asociación de Promotores, Jordi Galobardes, expuso ayer a la Mesa de la Vivienda. Era la décima reunión convocada por el ministerio que encabeza Montserrat Gil y el objetivo era recoger “las posibles acciones que hace falta analizar” en materia de vivienda propuestas por los diferentes colectivos implicados y también por las administraciones comunales. Galobardes aportó algunos datos para justificar el hecho que los promotores ahora mismo no pueden ofrecer los precios que podrían pagar algunas familias teniendo en cuenta la recomendación de no destinar más del 35% de los ingresos al pago de la vivienda. Y es que, por ejemplo, una pareja que ingresara 2.000 euros mensuales únicamente podría sufragar una hipoteca de 146.000 euros. Y este “producto” ni existe en Andorra ni difícilmente existirá con el precio del terreno que deben sufragar los empresarios y la fuerte fiscalidad comunal que deben soportar, entre otros inconvenientes citados por Galobardes. Y por eso es por lo que el promotor propuso la construcción de pisos a precio reducido en el suelo cedido a la administración comunal. Los promotores sufragarían la construcción pero se ahorrarían pagar el ter­reno y también los impuestos. El inconveniente es que si se tratara de una cesión de suelo al continuar siendo terreno público los pisos únicamente se podrían destinar al alquiler. En cambio, si las corporaciones accedieran a cobrar por el terreno en lugar de pedir un porcentaje sí que se podrían destinar a la venta, porque el suelo ya no sería público. Críticas contundentes Jordi Galobardes criticó duramente la fiscalidad comunal. Señaló que es mucho más alta que en el entorno y que, además, se ha añadido una tasa más, la cesión urbanística. “Muchas administraciones comunales la están utilizando de manera única, no quieren aportación de terrenos, ahora quieren dinero”, denunció el promotor inmobiliario. A estas críticas s’añadió el vicepresidente del Colegio d’Agentes y Gestores Inmobiliarios (AGIA), Joan Carles Camp. indicó que las corporaciones cuando menos deberán “reajustar” el precio que piden por la cesión de suelo. Además, Camp señaló que deberán facilitar el pago de las tasas fraccionadas, y este golpe al Gobierno le pidió la exención de las plusvalías sobre el terreno. Al fin y al cabo, indicaron el uno y el otro, serviría para no ahogar un sector que, recordaron, es uno de los motores del país. Galobardes, además, calificó de lamentable que el Gobierno no haya arrancado un “compromiso más grande” de los bancos en la cuestión de la renegociación de las hipotecas. La representante de l’ABA a la mesa manifestó que las entidades se comprometen a estudiar caso por caso las demandas y justificó que ahora sean más prudentes a la hora de dar créditos. Y es que “la capacidad de devolución se ha reducido”. Un batlle para agilizar los desahucios. La morosidad crece. Y el vicepresidente de l’AGIA pidió medidas por agilizar los desahucios. Y es que indicó que ahora mismo un proceso de esta clase se puede alargar entre un año y un año y medio. Los profesionales del sector inmobiliario consideran que un batlle específico para estas cuestiones podría contribuir a agilizar el trámite judicial y que el propietario pudiera recuperar antes el piso. Joan Carles Camp pidió, además, que las agencias inmobiliarias puedan disponer de una lista de los “morosos profesionales”. Ahora mismo la Ley de protección de datos los lo impide pero Camp indicó que se deberán poder tomar medidas contra aquellos que recorren las siete parroquias sin pagar ningún piso de los que ocupan. Los comunes proponen medidas sociales. Dos de las administraciones comunales presentes a la mesa, los de la Massana y Escaldes, también hicieron su contribución a las propuestas por hacer más fácil el acceso a l’vivienda. La consejera del área social massanenca, Pilar Gabriel, señaló que se debería encontrar una fórmula porque las familias pagaran alquileres proporcionales a sus ingresos (no superando el 35% de los sueldos) y que, además, el AGIA debería permitir los pagos fraccionados de los depósitos (Camp indicó que ya lo hacen). Gabriel coincidió con la escaldenca Trini Marín que hace falta más coordinación entre las administraciones comunales y el Gobierno en la bolsa de la vivienda porque “todavía hay muchos pisos vacíos”. Marín propuso, además, la construcción de pisos pequeños para jóvenes o gente mayor.

Fuente:

Diari d’Andorra