Modificación de los requisitos para la compra de viviendas en Andorra

El Gobierno se comprometo a eliminar una cláusula que obligaba los compradores extranjeros a presentar los penales.

El Gobierno se ha comprometido a modificar en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) la obligación de presentar los certificados penales para los extranjeros que compren un piso en Andorra. Así lo confirmó el vicepresidente del Colegio de Gestores y Agentes Inmobiliarios (AGIA), Joan Carles Camp, después de haber hablado con la ministra de presidencia, Conxita Marsol. La ministra explicó a Camp que se había tratado de un error tipográfico, un error, pero, que ha hecho saltar las alarmas en el sector. Con la situación de profunda crisis que vive la construcción, los promotores y las inmobiliarias, el hecho de haber de exigir los penales (en algunos países se ha de especificar el motivo para pedirlos) podía provocar que la venta a extranjeros quedara todavía más hundida del que ya se encuentra actualmente. El ejecutivo se ha comprometido con AGIA a publicar un nuevo BOPA la semana próxima que modifique el modelo de autorización para comprar un inmueble hecho público le 1 de abril y en el cual se exigía le acompañamiento del certificado penal.

El compromiso del Gobierno es que no se pedirán los penales a aquellos ciudadanos de países de la Unión Europea, los Estados Unidos o de otros territorios que tengan garantías respecto de los documentos que expiden. El certificado se podría exigir, pero, a estados cómo podrían ser algunos del África o de Asia, en qué haya dudas respecto de los métodos con los cuales se puede conseguir documentación.

Otro aspecto que preocupaba los inmobiliarios era le obligatoriedad de especificar el sistema de pago. Este punto queda solucionado si el inversor extranjero abrio previamente una cuenta en una entidad bancaria del Principado y efectúa le expedición del cheque desde este establecimiento financiero.

Preocupación por los alquileres.

Fuentes del sector inmobiliario manifestaron el malestar que sienten en general los propietarios de pisos y locales que están además en régimen de alquiler. El problema proviene de la normativa incluida recientemente dentro de las medidas urgentes por combatir la crisis. En este texto se especifica que para rescindir un contrato de alquiler tan sólo se debería dar un mes de preaviso. Esta nueva normativa, según las mismas fuentes, perjudica fundamentalmente dos grupos. Uno son los propietarios de apartamentos que han alquilado el inmueble toda la temporada. El precio pactado es mucho más bajo que el de un alquiler estándar y ahora los inquilinos podan, con un mes de margen, aprovechar sólo la parte más alta de la temporada de esquí. Otro grupo que se siente afectado es el de propietarios de locales, puesto que es un tipo de negocio en el cual se busca inquilinos de larga duración. Algunos propietarios ya han hecho llegar su malestar al AGIA, puesto que consideran que esta cláusula, añadida a la imposibilidad de subir le índice de precios al consumo a los alquileres los ha perjudicado bastante.

La espada de Damocles de un registro público.

Fuentes del sector inmobiliario comentaron que hay una importante preocupación porque el futuro Gobierno que salga de las elecciones del 26 de abril pueda tener la intención de crear un registro público de las propiedades inmobiliarias. Esta posibilidad en principio había quedado descartada del debate político debido a las teóricamente nefastas consecuencias sobre la venta de viviendas. Desde el sector se espera que gane quien gane los comicios no vuelva a plantearse en el debate político la posibilidad de habilitar un registro de público acceso. Esto no significaría que los inmobiliarios se opongan a la creación de un registro de la propiedad que acoja lo que actualmente dispone la cámara de notarios. En este registro podrían acceder a los datos de un inmueble las personas que puedan tener una relación próxima. También se podría consultar a efectos de investigaciones jurídicas o policiales respeto de algún asunto en qué se involucrara alguna propiedad. Las mismas fuentes destacaron que es probable que desde el sector inmobiliario se pida explícitamente a los candidatos cual es su posición sobre un tema que podría tener un impacto devastador sobre las difíciles ventas de viviendas y terrenos.

 

Fuente:

Diari d’Andorra