La aplicación de los planes, evidencia que hace falta flexibilizar la Ley del suelo.

Los cónsules ven necesario cambiar el texto y son conscientes de las dificultades por desarrollar unidades de actuación.

La aplicación sobre papel de los planes de ordenación urbanística parroquiales (POUP) está haciendo evidente que la Ley del suelo, a la realidad, es demasiado compleja. Porque requiere unos procesos excesivamente farragosos que retrasan el desarrollo de unidades de actuación y de rebote, la construcción. Al menos, así lo ven la mayor parte de los comunes una vez se han puesto manos a la obra para urbanizar junto con los vecinos.

Una de las quejas race en la poca flexibilidad de la ley, que a menudo hace difícil también llegar fácilmente a acuerdos entre propietarios. Por esto, apuestan por introducir cambios al texto normativo. La vía (una modificación del Gobierno, una proposición de ley promovida por las corporaciones, o mediante los grupos parlamentarios, puesto que los partidos lo proponían durante la campaña electoral) les es indiferente, y algunos sólo piden que sea con la mayor brevedad posible.

De hecho, según comenta el cónsul mayor de Canillo, Enric Casadevall, en algunas reuniones de los mandatarios comunales habíamos llegado a hablar de la posibilidad de cambiar la ley. Y es del parecer que si el Gobierno no lo hace se podría nombrar una comisión para tratar la cuestión, porque el desarrollo de los planes especiales y parciales es muy complicado . Cree que es lento y hacen falta muchos documentos.

En la misma línea, el homólogo de Encamp, Miquel Alís, apuesta por hacer una reunión a tres bandas (Gobierno, Consejo y comunes) para buscar vías. Quizás a veces se interpretan la ley y los reglamentos de manera muy generosa, pero hace falta llegar a acuerdos, admitió.

Unidades muy grandes y catastros.

El consejero de Urbanismo de Ordino, Pere Orilla, constata que todos los comunes nos encontramos con los mismos estorbos. Y reitera el hecho que hace falta mucho consenso para desarrollar las unidades y que algunas de ellas son excesivamente grandes, con muchos propietarios. También destaca otro elemento que dificulta le aplicación, como por ejemplo el hecho que se hayan hecho antes del catastro y hay fincas que están entre dos o tres propiedades.

El cónsul de Escaldes, Antoni Martí, explica que los planes especiales que promueve el común parece que funcionen algo mejor que el resto. Pero reconoce que se piden muchísimas cosas. Y introduce un nuevo elemento. Cuando hay el 100% de acuerdo para desarrollar una unidad se ahorran pasos, como por ejemplo el control de la comisión técnica de urbanismo (CTU). Cuando se puede desarrollar la unidad porque el consenso es del 75% o más, el común tiene más trabajo porque debe garantizar que el porcentaje que no esté incluido tenga las mismas cargas que el resto. Además, en estos casos sí que hay control de la CTU, hecho que alarga más el proceso.

En Andorra la Vieja, la mandataria, Rosa Ferrer, reconoce que hacen falta cambios, con prudencia, que a veces hay buenas ideas pero no se pueden hacer. Y lo ejemplifica con el proyecto de Foster, que no se podría echar adelante si no fuera a través de la Ley de entornos de protección. Y una posible reducción del porcentaje de acuerdo, avisa, quizás no daría lo suficiente garantías a los particulares. Una opción de Josep Maria Camp, de la Massana, voz en positivo: Quizás hace falta reducir el porcentaje, porque no sé si se frenará demasiado la construcción. Coincide también que hace falta hacer el proceso más ágil.

En cambio, el consejero de Urbanismo de Sant Julia, Josep Majoral, asegura que no se han encontrado con dificultades por la Ley más allá de las de la adaptación. Las alegaciones al plan de ordenación se resolvieron con mucha delicadeza y esto facilita el desarrollo de las unidades de actuación, pone de relieve. El problema más grande lo tenemos con la crisis, lamenta

Fuente:

Diari d’Andorra