URBANISMO – Siete planes parciales aprobados en los últimos 3 años

La parróqia con más convenios empezados por particulares es La Massana, con seis

 

Dieciséis. 

Este es el número de planes parciales que se han aprobado en Andorra desde la entrada en vigor de los siete planes de ordenación y urbanismo parroquial (POUP), entre mediados de 2006 y finales de 2007.

Se trata de una cifra más bien pobre que demuestra el estado de la situación actual, con el paro en seco de la construcción, y la dificultad del proceso urbanístico. 

De hecho, la complejidad para sacar adelante un plan parcial y el más que sustancial dispendio económico que supone son dos de los obstáculos con los que se encuentran los propietarios particulares de terreno a la hora de reordenar los espacios. 

Los hay que, de hecho, han dejado correr la tarea.

Así lo constatan los comunes, que reconocen que la Ley del Suelo no ayuda y resulta farragosa para los administrados. 

“El trámite es complicadísimo. 

Muchos vecinos han empezado a sacar adelante planes parciales y algunos incluso se han cansado.

En según qué unidades de actuación, que son muy grandes, es muy complicado.

Además, cuesta mucho dinero “, expone el cónsul mayor de Encamp, Miquel Alís.

También explica que en la parroquia que encabeza se han aprobado dos planes, uno a las Bonos y otro en Vila, y que hay tres más que se encuentran en una fase de tramitación muy avanzada (dos en la parte alta de 

Encamp y uno en el Solà). 

“En Encamp quizá la situación ha sido diferente a la de otros lugares para que durante la moratoria no se construyó mucho y ahora quizá la gente tenía ganas”, concluye.

Cara y cruz en los Valles del norte

Con todo, el punto que, de lejos, ha visto desarrollar y aprobar más planes a iniciativa de los particulares es la Massana, con seis. 

De estos, tres se han llevado adelante en Anyós, uno en la Massana, un Aldosa y uno en Arinsal. 

En cambio, al otro lado de la balanza se sitúa la parroquia limítrofe. 

En Ordino, desde que en diciembre de 2006 el plan de urbanismo vio la luz no se ha salido adelante hacia.

Pero, tal como informan desde el común, es que tampoco ha habido ninguna solicitud para hacerlo. 

A pesar de ello, actualmente la corporación está llevando adelante un plan especial: el de la urbanización de lujo que debe diseñar Jean Nouvel.

Por otra parte, en Escaldes-Engordany ha dado el visto bueno a cuatro planes-en los Vilars, Jardines de Candi, lenguado y el Falguera-aunque recientemente el Tribunal Superior (TS) ha tumbado el último (concretamente, en este caso 

la segunda instancia ha estimado el recurso presentado por el propietario de un 0,24% de la unidad de actuación, que no estaba a favor del acuerdo y que lo consideraba fuera de la ley).

En la capital, en cambio, desde la aplicación del plan de ordenación únicamente se ha aprobado un plan parcial. 

Se trata del de la unidad de actuación donde se levantará en el futuro la nueva sede de la Justicia, en el Prat del Rull, en el centro de Andorra la Vella. 

El consejero de Servicios Públicos y Urbanismo del común, Antoni Armengol, comenta que la situación económica “difícil” también ha reducido los proyectos para sacar adelante unidades de actuación. 

“Además de la complejidad de desarrollarlo, tienen un coste significativo. 

En el caso del plan del Prat del Rull, como había pocos particulares, unos siete, no ha sido tan complicado “, afirma.

En Sant Julià han sido dos los planes desarrollados por parte de los propietarios privados. 

Uno, el puente de Faucellers, en la carretera de la Rabassa, y otro ante los grandes almacenes Punto de Encuentro. 

El responsable de Urbanismo del común, Josep Mayoral, también señala que “cuesta adaptarse” tanto en la Ley del suelo como los planes de urbanismo, que obligan a realizar unas tareas “complicadas” en muchos casos. 

Finalmente, en Canillo se han sacado adelante dos planes: uno en el Tarter y otro en la zona del Horno.

 

LAS ADMINISTRACIONES YA HAN EMPEZADO A HABLAR DE REFORMAR LA LEGISLACIÓN

La aplicación de la Ley del Suelo ya ha puesto en evidencia que el texto, aprobado a finales del 2000, necesita cambios para hacer todo el proceso urbanístico más ágil.

Con esta voluntad, el ministro responsable del ramo, Gerard Barcia, se reunió el pasado verano con los cónsules para analizar al detalle la cuestión y estudiar posibles modificaciones del texto. 

Cada corporación local hizo sus propuestas y ahora están en espera de una respuesta que, de momento, no llega. 

Fruto de aquel encuentro se llegó a la conclusión de que la mejor vía para reformar la ley puede ser la de alterar pocos aspectos e introducir las modificaciones necesarias a través de reglamentos. 

Algunos de los artículos donde hay cierto consenso para volver a redactar son los 103 y 105, que hacen referencia a la revisión y la modificación de los planes de ordenación. 

Los comunes entienden que ahora es prácticamente imposible hacerlo porque el texto legal se lo blinda. 

La voluntad sería la de ampliar el abanico de supuestos en los que se pueden hacer modificaciones a los textos (ahora hasta pasados 6 años de la aprobación no se pueden tocar).

Fuente:

Diari d’Andorra