La ley de apertura económica entrará al Consejo el 1 de marzo

El Gobierno aprobará el 29 de febrero la modificación de la regulación de la inversión extranjera

El consejo de ministros tiene previsto aprobar el último día del mes de febrero (el día 29) el proyecto de ley de modificación de la Ley de inversión extranjera, que es la pieza fundamental que tiene que permitir la apertura casi total de la economía.

No habrá sectores protegidos en el capital foráneo, aunque sí se establecerán ciertas “salvaguardas conceptuales” que harán que algunas inversiones estén limitadas o sujetas a la autorización de la administración. La cabeza de Gobierno, Toni Martí, aseguró ayer que durante los primeros días de marzo el proyecto entrará a trámite parlamentario. Y que espera que reciba el apoyo unánime de la cámara.

Martí hizo este anuncio durante la presentación de los ejes fundamentales de la apertura económica a responsables y periodistas de la gran mayoría de mediados de comunicación del país. La presentación, que fue a cargo, fundamentalmente, de los ministros de Economía y Territorio, Jordi Alcobé, y de Asuntos exteriores, Gilbert Saboya, ya se había hecho antes a la comisión legislativa de Interior, a los grupos políticos y a diferentes entidades socioeconómicos del Principado. La apertura económica “es la pieza angular” de la tarea que pretende llevar a cabo el Gobierno demócrata, según coincidieron a afirmar los responsables gubernamentales. El objetivo es que el entramado legislativo necesario para hacer realidad la apertura y los primeros resultados de atracción inversora sean visibles a partir de junio. 

Coincidencia con el PS

En el hecho que la apertura tiene que ser total también coincidió el líder parlamentario socialdemócrata, Jaume Bartumeu, que en declaraciones en el programa La Réplica de la televisión pública afirmó que “hay que ver de qué manera se hace, porque Andorra tiene 464 kilómetros cuadrados y no es ni Brasil ni Argentina”. La apertura, por Bartumeu, tiene que permitir “la orientación hacia los sectores que puedan generar actividad económica para la gente del país”.

De todos los elementos que tienen que hacer factible la apertura económica también hay el establecimiento definitivo del modelo fiscal, que tiene que fijar tanto un IVA como un IRPF. La imposición sobre el rendimiento del trabajo de las personas físicas se legislará el 2013. Pero el Gobierno tiene la intención de exponer tan pronto como sea posible los ejes fundamentales de esta ley tributaria para que las personas que si tengan que sujetar tengan tiempo suficiente para hacer las debidas previsiones antes no entre en vigor.

Fuentes del ejecutivo reconocieron ayer que no están de acuerdo con el hecho que el grupo parlamentario demócrata haga enmiendas de fondos al proyecto de ley de las medidas de contención del gasto público en materia de personal. Y, sobre todo, las fuentes consultadas se mostraron molestas por el hecho que se pueda limitar el recorte previsto de los salarios públicos y que el plazo de esta rebaja se vincule a la entrada en vigor del IRPF. Esta fue la demanda que hizo la plataforma sindical de funcionarios a la comisión de Interior. El grupo parlamentario demócrata tiene previsto hacer enmiendas al texto. Y no ve mal limitar la tijerada.

REPROCHES EN EL GOBIERNO POR “POCO SERIO” CON EL CONSEJO

Las explicaciones dadas por el Gobierno al Consejo General sobre la futura ley de apertura económica no han acabado de convencer al grupo socialdemócrata ni al partido que le apoya. Y según el parecer de la primera secretaria de la formación, Judith Salazar, es una muestra más que, a su entender, el ejecutivo “no se toma seriamente la institución”. Así, recordó que, durante la reunión mantenida con los consejeros de la oposición, el ministro Jordi Alcobé “habló de salvaguardas pero no las aclaró”. Desde la formación se considera “peligroso” que se quiera “dar autonomía en el Gobierno”, puesto que “la seguridad jurídica tiene que venir por ley” y “no nos parece correcto que se pueda decidir discrecionalmente quién puede invertir en el país y quien no”. Salazar puso otro ejemplo de esta situación recordando el error en la memoria económica de la ley de tasas al consumo donde se actualizan los impuestos sobre el tabaco. “El Gobierno tiene que ser cuidadoso y una mayoría como la que tiene le da todavía más responsabilidad”, aseguró la dirigente del PS.

Fuente:

Diari d’Andorra