Las empresas extranjeras necesitarán autorización para operar en Andorra

a ley porque entre capital extranjero da herramientas al Gobierno para evitar que la compra de negocios en un sector atente contra la libre competencia

El proyecto de ley para la apertura al capital extranjero, que se aprobará mañana en consejo de ministros, obliga las empresas foráneas a disponer de una autorización del Gobierno para poder operar. Sin este requisito un inversor extranjero no podrá operar.

Desde el ejecutivo se indica que había dos opciones. Una pasaba para permitir la apertura indiscriminada (excepto en sectores de interés general como por ejemplo las telecomunicaciones o negocios nocivos para el país como una fábrica de armas). Este planteamiento se ha descartado para decantarse por la obligatoriedad de autorización. Para evitar que se produzca una situación de arbitrariedad en las concesiones el texto del proyecto de ley incluye una serie de parámetros que se tienen que aplicar. 

Fuentes del ejecutivo garantizaron ayer que la salvaguarda no significa que se proteja ningún sector. El permiso previo se habría incluido para evitar la monopolización de un sector por parte de un inversor foráneo. Se busca así mantener la libre competencia que podría quedar afectada en caso de que un solo propietario consiguiera una concentración importante dentro de un sector concreto. Las mismas fuentes destacaron que la autorización previa no presupone que un negocio (por ejemplo una tienda de todo a un euro) sea rechazado porque entra en competencia directa con un sector abundantemente cubierto (el comercial). Un ejemplo respecto de aquello que se quiere evitar con el permiso previo pasaría por la adquisición de una decena de concesionarios de vehículos. La acumulación del inversor en una posición predominante en el sector que podría afectar la libre competencia mercantil. 

El redactado, pero, deja la puerta abierta que el ejecutivo decida establecer una serie de filtros, tal como piden mayoritariamente las asociaciones empresariales. El ejecutivo, pero, ratifica que la apertura será total y no quedarán al margen las áreas tradicionales de negocio como por ejemplo la hosteleria y el comercio. Más allá del espíritu que quiera dar a la aplicación práctica de la ley el gabinete Martí, el texto deja en manso del ejecutivo conceder o no la autorización en base a unos requisitos tan genéricos que dan una gran capacidad de maniobra. Otras fuentes del Gobierno citaron que se han incorporado elementos de valoración, como por ejemplo la vinculación con el país, la solvencia del proyecto o el hecho que no suponga un gasto extra del dinero público.

El empresariado es mayoritariamente favorable a tener ciertas restricciones para los inversores extranjeros. Defiende que los negocios que no aportan valor añadido (una tienda de todo a un euro) no tiene ningún sentido que acaben abriendo porque no tienen una incidencia directa en la mejora de la economía. Además, destaca que una apertura ilimitada acabará malogrando los negocios existentes.

EL SILENCIO COMO VÍA De AGILIZACIÓN

Uno de los objetivos que persigue el Gobierno con la nueva legislación es que los trámites para invertir al país sean cuanto más ágiles mejor. Este es el principal motivo que el texto introduzca la figura del silencio administrativo positivo en el plazo de un mes. Es decir, si pasado este tiempo el solicitante no ha recibido ninguna notificación desde el ejecutivo, se considera la petición aprobada. Actualmente, el silencio administrativo durante dos meses se considera negativo en la gran mayoría de trámites. Sólo hay una excepción: la Ley de sociedades introdujo el positivo, pero con un plazo de hasta tres meses.

OPERACIÓN SIN PERMISO POR DEBAJO EL 10% DEL CAPITAL SOCIAL

Otro cambio que prevé el proyecto de ley que aprobará mañana el Gobierno en relación con el texto que actualmente está en vigor es el de posibilitar la realización de pequeñas inversiones de capital en sociedades del país. Así, toda operación que suponga que un extranjero adquiera acciones de empresas del país se podrá hacer sin necesidad de una autorización previa del Gobierno siempre que el porcentaje de títulos que se compren sea inferior al 10% del total. 

De esta forma, y según informó ayer ANA, desde el ejecutivo se entiende que se favorecerá las inversiones que puedan querer realizar pequeños accionistas foráneos. A la vegada, se conseguirá que el proceso sea más ágil y se evitará el riesgo de un retraso excesivo por su tramitación administrativa.

Ahora bien, a pesar de no tener que solicitar este permiso previo, el comprador de las acciones sí que tendrá que comunicar posteriormente la operación al registro de inversiones extranjeras. Este mecanismo de control tiene el objetivo de evitar la compra en cascada de títulos.

En cuanto a todas aquellas operaciones de inversión que supongan hacerse con el 10% o más de las acciones de una sociedad an-dor­rana, tendrán que ser autorizadas por el ejecutivo, decisión que se tomará, justamente, en base a los criterios de valoración que quedan establecidos al texto.

El anteproyecto también incorpora en el capítulo de las inversiones directas un nuevo apartado, el que hace referencia a las transmisiones a causa de muerto en que el beneficiario sea extranjero. También mantiene los apartados sobre las inversiones directas destinadas a la “constitución o ampliación de sucursales u otros tipos de establecimientos permanentes”, y sobre las entidades financieras que quieran hacer inversión directa, todas ellas con necesidad de autorización previa.

Fuente:

Diari d’Andorra