El Gobierno dispondrá de un mes y medio para responder peticiones de inversión extranjera

La apertura total al capital foráneo se hace efectiva hoy después de la publicación del reglamento al BOPA

El Gobierno dispondrá de un plazo máximo de 45 días para responder a las peticiones de inversión extranjera.

En principio el ejecutivo tiene un mes para contestar, pero el reglamento de la Ley de apertura, publicado ayer, recoge que se podrá ampliar quince días más el plazo cuando se establezca prorrogar la decisión. La cuestión de los plazos es muy importante porque la Ley de inversión extranjera considera positivo el silencio administrativo. Significa que cualquier demanda donde la resolución no se haya comunicado al interesado en el plazo máximo pasa a quedar concedida. Uno de los puntos importantes en el periodo pasa porque el ejecutivo está obligado a comunicar al inversor, antes de que finalicen los 30 días del periodo de respuesta, que tendrá lugar una prórroga.

Requisitos generales

El Gobierno mantiene una serie de parámetros para evaluar para la concesión de la autorización. El ejecutivo podrá denegar un permiso de acuerdo con una serie de criterios, pero está obligado a argumentarlos. Los motivos por los cuales se podrá rechazar una solicitud pasan porque la inversión perjudique “el ejercicio del poder público, la soberanía y la seguridad nacional, el orden público y económico, el medio ambiente, la salud pública o el interés general”. Además, se tendrá en cuenta “los efectos que la inversión puede tener sobre la libre competencia, el mercado de trabajo y el equilibrio de los recursos públicos”.

La apertura estará controlada por el Registro de inversiones extranjeras, que tendrá que inscribir las sociedades o particulares afectados y elaborará estadísticas respecto al número de operaciones y la distribución por sectores, nacionalidades u otros. Se asignará un número a cada inversor y en el libro del registro se tendrán que ir apuntando las modificaciones sucesivas. 

La apertura en el capital extranjero tiene efectos reales a partir de hoy, un golpe ayer se publicó el reglamento de aplicación necesario para desarrollar la ley del 21 de junio. El Gobierno, pero, ya ha iniciado hace tiempo el proyecto para la captación de inversores de alto valor añadido, iniciativa para la cual ha contratado el emprendida Monitor Group. Se prevé que las grandes inversiones pasen previamente por una negociación con las administraciones para pactar posibles condiciones. La entrada directa de peticiones al registro se espera para los inversores de gama más modesta.

Fuente:

Diari d’Andorra