La disputa por cesión de terreno se resolverá por mayoría simple

Los consejeros generales decidirán si los comunes no quieren dar el terreno

 El Gobierno ha entrado a trámite parlamentario la propuesta de modificación de la Ley general de ordenación del territorio y urbanismo, la cual obliga los comunes a ceder ter­regaño al ejecutivo de manera gratuita porque pueda salir adelante proyectos de interés nacional. En caso de disconformidad, la norma atribuye a los consejeros generales la competencia de árbitro y añade que la mayoría simple será suficiente para resolver.

El ministro de Ordenamiento Ter­ritorial, Jordi Torres; la secretaria de Estado de relaciones institucionales, Consuelo Naudi, y el cónsul menor de Escaldas y representante de los siete comunes, Marc Calvet, presentaron ayer la propuesta de modificación de la ley. Calvet explicó que el texto definitivo, finalmente, incluye la lista de casos en que la cesión está consensuada, es decir, que no generan discrepancias, que elaboraron sus comunes y a la cual el ejecutivo ha dado luz verde.

 

La lista de los comunes

Estos proyectos “no sensibles” son los centros educativos, los equipamientos culturales, sanitarios y deportivos, las infraestructuras viarias, los edificios administrativos y los equipamientos energéticos. Así, en caso de tratarse de un proyecto de interés nacional para el ejecutivo, el común tendría que redactar el plan especial que ejecutaría el Gobierno. “Esto evitaría que por ejemplo como nos ha pasado a Escaldas hayamos de esperar años para liberar el terreno donde tenían que ir los depósitos”, manifestó Calvet.

Paralelamente, pero, la lista de lugares “no sensibles” incluye excepciones. Entre los ejemplos dados hay que tendría que haber consenso entre las administraciones en caso de equipamiento energético, pero para instalar molinos eólicos sí que haría falta la luz verde comunal. Si no lo hiciera es cuando entrarían en juego los consejeros generales para desempatar.

La modificación de la ley también aclara otro de los puntos que había suscitado divergencias en las negociaciones entre administraciones, que hace referencia a los proyectos que incluyen inversión privada. En este sentido, Torres remarcó que siempre que el ejecutivo tenga el 51% o más de la participación se podrá llevar a cabo. Por el contrario, en caso de que sea menor, el proyecto no se podría regir bajo los principios que marca la modificación de la norma.

 

UNA LEY QUE “OBLIGA” A SER SOLIDARIOS

El Gobierno también entró ayer a trámite parlamentario la ley cualificada de colaboración entre la administración general y los comunes, y entre los comunes. La secretaria de Estado de relaciones institucionales, Consuelo Naudi, explicó que la norma “fomenta la ayuda entre administraciones”. Entre los aspectos que incluye obliga a “la asistencia mutua”, tanto entre comunes como con la administración general, o cómo se está haciendo en estos momentos con la recogida de residuos, abre la puerta a mancomunar servicios “para ganar en eficiencia energética”. También establece, en caso de necesidad, movilidad de los empleados de la administración general y los comunes, y entre comunes, en las modalidades que ya se especifican a la Ley de la función pública, de forma que hará falta el visto bueno del afectado.

Fuente:

Diari D’Andorra