Las obras de la nueva sede de la Justicia comenzarán en breve

Adjudicados los trabajos a la UTE Copsa, Pujal y Mariné por 18,7 millones

El Consejo de Ministros adjudicó ayer una de las grandes obras de la legislatura: la sede de la Justicia. La unión temporal de empresas (UTE) integrada por Copsa, Construcciones Pujal y Construcciones Mariné será la encargada de llevar a cabo los trabajos, con una duración prevista de treinta meses y con un coste que roza los 18,7 millones de euros . Los trabajos arrancarán en breve, tal y como detalló el ministro portavoz, Jordi Cinca.
La obra -largamente reclamada por el sector judicial- consiste en el levantamiento de un edificio de 15.458 metros cuadrados en la zona del Prat del Rull, en Andorra la Vella, justo detrás del inmueble que acoge algunas dependencias del Gobierno como ahora el ministerio de Ordenamiento Territorial. La nueva sede tendrá dos plantas subterráneas, donde habrá aparcamiento y dependencias técnicas; una planta baja con todas las dependencias de recepción, la Alcaldía de guardia y una sala polivalente, una primera planta con las salas de vistas y espacios para abogados y procuradores, y, finalmente, en las plantas superiores estarán las dependencias de las bailías , la fiscalía, el Tribunal de Cortes y el Tribunal Superior, así como el área destinada al Consejo Superior de la Justicia. El proyecto es un diseño del arquitecto Pere Espuga, que fue el ganador del concurso de ideas convocado en su día por el ejecutivo.
Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó la adjudicación de los trabajos de estabilización de la plataforma de la carretera secundaria 310, en la Collada de Beixalís, en la parroquia de la Massana, por un importe de 255.000 euros a la empresa Locubsa.
Además, el Gobierno aprobó la convocatoria de un concurso para la construcción de un nuevo tramo de carril bici en la carretera general 3, en el tramo comprendido entre los pueblos de Ordino y Sornàs, y la compra de cuatro grupos semafóricos para la misma vía para varios puntos de las parroquias de Ordino y la Massana.

NO PENALIZAR LAS REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES
El ejecutivo aprobó ayer el proyecto de ley de régimen fiscal de las organizaciones empresariales, un texto que, tal como recordó el portavoz del Gobierno, Jordi Cinca, ya anunció el jefe de Gobierno, Toni Martí, y que tiene como objetivo facilitar que los grupos empresariales puedan hacer estas operaciones sin una penalización en el ámbito tributario que actúe como freno. Sin embargo, indicó el director de Tributos, Albert Hinojosa, el texto también evita que estos movimientos sólo se hagan con la voluntad de obtener beneficios fiscales. El resultado es que acciones como la fusión o escisión de empresas se llevarán a cabo con un diferimiento de los impuestos a tributar fruto de estas operaciones. La tributación aplazará a transmisiones posteriores fuera del contexto de la reorganización.
El proyecto de ley también prevé una serie de normas anti abuso que afectan, por ejemplo, las sociedades andorranas con filiales en el extranjero. Cinca remarcó que el proyecto de ley no incrementa la presión fiscal.

 

Fuente:

Diario de Andorra