El AGIA pide que la ley permita contratos de alquiler más cortos

“Es una ley obsoleta, no se adapta a la realidad.” Es lo que piensa el presidente del Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios (AGIA), Jordi Galobardas, sobre la normativa que regula los arrendamientos y, en línea con lo que ya propusieron desde la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (APBI), reivindica una modificación legislativa que permita hacer contratos de alquiler más cortos. Ahora la regulación obliga a que sean de un mínimo de cinco años y Galobardas recuerda que quedan fuera varias casuísticas: desde la que afecta a los trabajadores temporeros, que necesitan alquiler sólo para cinco o seis meses, hasta los estudiantes universitarios o, incluso, añade, “residentes que quieren comprar pero que hasta que no encuentran lo que quieren necesitan alquilar un año o dos”. “Muchas cosas no se pueden prever adecuadamente”, insiste.
El inmobiliario defensa, además, que una mayor flexibilidad de los contrato significa más libertad para las dos partes, propietario e inquilino, y por tanto un beneficio compartido. Galobardas recuerda que la actual regulación pone trabas al inquilino que necesita marchar del inmueble antes de que hayan finalizado los cinco años de relación contractual consecuencia de los plazos de preaviso. “Quien marcha durante los primeros años debe responder con indemnizaciones más importantes”, indica. Según la normativa, o bien deben avisar con un mínimo de tres meses de antelación o pagar las mensualidades equivalentes (en el caso de los locales, el plazo es de seis meses). “Es una medida rígida que perjudica las dos bandas”, insiste.

No “criminalizar” el propietario
Cuestionado sobre si esta medida tiene riesgo de favorecer que se incrementen los precios de los alquileres y sea un perjuicio para el usuario, contesta con un “no” rotundo. “No debemos criminalizar a los propietarios, pintarlos como personas que están intentando subir el precio del alquiler”, asevera. Porque, añade, un propietario valora que quien arrienda su vivienda, su local, sea una persona de confianza y cumplidora y “no sacrificará un alquiler seguro y tranquilo para una subida de precio”. Sin embargo, pone de manifiesto que tampoco los contratos de cinco años son “una salvaguarda suficiente” para que el aumento de precios se puede producir una vez se terminen.
Del mismo modo que el presidente del AGIA asevera que un propietario querrá mantener un arrendatario en el que confíe, también recuerda que deben mejorar los mecanismos para poder sacar del piso aquel que no cumpla sus obligaciones. “Es otra cosa que hay que mejorar mucho, los procesos de desahucio, hay personas que no pagan por motivos de necesidad pero también hay profesionales de la morosidad en los pisos”, asegura Galobardas, que aboga para que sea más fácil para al propietario recuperar su vivienda en estos casos.
El presidente del AGIA indica que la intención respecto a la demanda de cambios en la Ley de Arrendamientos es trasladarla a las instituciones una vez la hayan elaborado y consensuado con los colegiados. Hoy por hoy, comentó, “estamos en una fase de análisis”.

Estatutos
Precisamente AGIA está pendiente de modificar la normativa que regula la profesión, unos estatutos que Galobardas también admite que están obsoletos. “Ya tienen 15 o 16 años y deben adaptarse a la situación real de ahora”, manifestó. De hecho, cuando la nueva junta tomó las riendas del colegio, pronto hará un año, ya había sobre la mesa una propuesta de estatutos impulsada por los anteriores responsables de la entidad que no salió adelante por falta de quórum y que tampoco convencía la nueva junta. Ahora se continúa trabajando una propuesta que pueda satisfacer todos y dirigida a fortalecer la profesión y que “las reglas del juego entre profesionales sean lo más equilibradas posible”, señaló Galobardas. Ahora mismo la entidad que agrupa a los agentes y gestores inmobiliarios tiene unos 230 colegiados. El Gobierno convoca periódicamente las pruebas de aptitud para evaluar los candidatos a agente inmobiliario y precisamente se acaba de iniciar el periodo de inscripción para el nuevo examen, que será el 30 de junio. La solicitud se puede formalizar hasta el 23 de marzo.

 

Fuente:

Diario de Andorra